En 2013 Alan Rodríguez finalizó sus estudios secundarios en el colegio San Vicente de Paul, pero el gobierno porteño sólo le entregó un certificado de finalización.
La Justicia porteña rechazó la apelación de la Ciudad y ordenó otorgar al joven Alan Rodríguez, de 21 años, el certificado analítico del titulo secundario, algo que la familia del joven reclama desde hace tres años luego de haber cursado y aprobado todas las materias en el Instituto Jesús María de San Vicente de Paul.
El fallo de la sala III ratificó la resolución de primera instancia de la jueza Romina Tesone de octubre del 2016 y argumentó que "el gobierno porteño no ha encarado una propuesta argumental" para impugnar la resolución del tribunal de primera instancia, informó el sitio i-judicial.
Los camaristas destacan además que "no se advierte en qué sentido la Ciudad estaría cumpliendo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que establece para los Estados la obligación de asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles".
El caso se inició en 2013 cuando Alan Rodríguez finalizó sus estudios secundarios en el colegio San Vicente de Paul pero el gobierno porteño sólo le entregó un certificado de finalización al argumentar que al ingresar en un sistema integrado no había cursado todas las materias como sus compañeros, por lo que no le podían otorgar el título analítico.
La defensa del joven argumentó que no otorgarle el título secundario violaba lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que, al no poseer un título analítico no estaba apto para conseguir empleo, por lo que también se lo discriminaba.
La apelación planteada por el Ejecutivo local se centró en que "el actor no aprobó los contenidos mínimos requeridos para todas las materias de cada año del ciclo secundario", mientras que advirtió que la entrega del título secundario al actor "significaría colocarlo en una situación de privilegio frente a otras personas".
Los camaristas también rechazaron que el colegio no asumiera los costos del juicio ya que "por el principio general de la derrota, las costas debe recaer sobre la parte vencida". Ahora, el gobierno porteño tiene la opción de apelar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) o acatar el fallo de Cámara.
FUENTE: TELAM
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