viernes, 7 de marzo de 2014

CORDOBA: POCOS CHICOS INTEGRADOS EN EL SECUNDARIO.

Educación

Pocos chicos integrados en el secundario

La inclusión de alumnos en escuelas comunes creció 65% en 4 años. Sólo 9,8% de los discapacitados adolescentes está integrado.

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“Hay una tendencia a integrar más, pero es mucha lucha porque los colegios se niegan. Argumentan que no están capacitados, pero se trata de aceptar la diversidad. Los padres van peregrinando por escuelas hasta que logran inscribir a los niños”. La que habla es Myriam Flamand, madre de un hijo con síndrome de Asperger, un trastorno dentro del autismo, y creadora de la Fundación Fortalecer para Crecer.
Si bien la integración de personas con discapacidad aumentó de manera notable en los últimos años, la cifra es más baja en el nivel medio. En Córdoba, sólo el 9,8 por ciento de los adolescentes secundarios con alguna discapacidad permanente está integrado a una escuela común (Censo 2010). Se estima que se encuentran en la misma situación cuatro de cada diez alumnos de la primaria.
Entre 2008 y 2011, en la provincia de Córdoba la cantidad de niños con alguna discapacidad integrados a la escuela común creció 65,4 por ciento. El año pasado, según datos oficiales, 6.775 niños y adolescentes con discapacidad asistían a la educación común, desde jardín hasta el nivel superior. En 2008, la cifra era 4.095 (ver Infografía: En ascenso).
La integración de niños en el nivel inicial creció 39,2 por ciento, mientras que en el primario la cifra trepó 72,2 por ciento. En el Ciclo Básico secundario el número de integrados subió 74,4 por ciento, y en el Ciclo Orientado, 39,7 por ciento. En el nivel superior el número se elevó 33,3 por ciento (pasó de 12 integrados en 2008 a 16, en 2011).
A la vez, la matrícula en escuelas especiales cayó 2,1 por ciento entre 2011 y 2012, lo que estaría marcando una mayor integración. De todos modos, siguen siendo comunes las dificultades para lograr un banco para chicos con discapacidad en condiciones de integrarse a una escuela común. Eso sin contar los problemas para acceder a maestras integradoras y a la cobertura de obras sociales.
“A los papás les cuesta mucho conseguir escuela. A los niños con síndrome de Down aún más. En la escuela en la que estoy hay una gran demanda, pero no puede haber más de dos integrados por aula”, dice Celeste Pacella, madre de un niño con síndrome de Asperger.
En el secundario son pocos los chicos que logran integrarse. En Córdoba, hay 1.177 adolescentes en el Ciclo Básico y 324 en el Ciclo Orientado. En la primaria, en tanto, 4.332 niños asisten a la educación común. “En el secundario no los quieren inscribir. Los profesores sólo están un ratito, y es un trabajo extra. Además, tienen 45 alumnos, hay que trabajar diferente y existen patologías distintas. En el secundario cuesta. La integración supone cambiar la cabeza, pensar que no todos los alumnos son iguales”, indicó Celeste. Flamand coincide: “En el secundario se complejiza la situación, por la gran rotación de profesores; además, para un adolescente ir al cole con un integrador no es fácil, se siente diferente al resto”.
Autoridades de un colegio privado de la ciudad de Córdoba aseguraron que es muy alta la demanda de integración por año. Pero dijeron que no pueden aceptar a todos. “Los secundarios rechazan. Dicen que no están preparados, aunque la ley dice que tienen la obligación de aceptarlos”, admitió la asesora pedagógica de la institución.
La leyes de educación de la Provincia y de la Nación garantizan la inclusión en escuelas comunes. Sin embargo, no todos los niños con discapacidad están en condiciones de ser integrados. En esos casos deben concurrir a las especiales.
“La normativa vigente le exige al Estado la integración o inclusión de la persona con discapacidad al sistema educativo común. Lo relevante es que el nuevo sistema establece que toda persona con discapacidad debe asistir a una escuela de modalidad común con los apoyos necesarios, salvo que en ese ámbito, aun implementándose todos los apoyos necesarios, no se logre el aprendizaje”, explicó el abogado Matías Chamorro.
En ese caso debe recurrirse a una escuela de modalidad especial. “Anteriormente, era a la inversa, toda persona con discapacidad debía concurrir a una escuela especial y desde allí se intentaba incluirlo en el sistema común”, agregó.
“El crecimiento de la matrícula escolar entre los estudiantes con discapacidad refleja una mayor conciencia social”, afirmó Elena Duro, especialista en Educación de Unicef. No obstante, dijo que el gran desafío es la integración en el secundario.
Desde la Secretaría de Discapacidad de la CTA, Zulma Patiño aseguró que la integración debe ser “real y concreta”. “Apoyamos la integración como un proceso sistemático en el que los padres sepan si sus hijos podrán continuar el secundario”; planteó Patiño. Y agregó: “No todos los chicos pueden ser integrados, la escuela especial cumple una función”.

11,6% tiene discapacidad
En Córdoba. El 11,6% de las personas entre 0 y 19 años tiene algún tipo de discapacidad. La matrícula 2012 en las escuelas especiales es de 7.530 alumnos; 2,1% menos que en 2011. Son 6.775 los integrados a escuelas comunes en todos los niveles.
En Argentina. En uno de cada cinco hogares vive una persona con discapacidad. Son más de cinco millones de personas. Entre 2007 y 2010, el incremento de alumnos en escuelas especiales fue del 7% y en las comunes la integración creció 47%.
En el mundo. El 15% de la humanidad tiene alguna discapacidad. 95 millones son niños. El 90% de los niños con discapacidad no asiste a la escuela.
Qué dicen las leyes
Ley de Educación Nacional Nº 26.206. Establece, entre los fines y objetivos, “brindar a las personas con discapacidades (...) una propuesta pedagógica que permita el (...) desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos”.
Ley de prestaciones de las obras sociales Nº 24.901. “Las obras sociales tendrán a su cargo con carácter obligatorio la cobertura total de las prestaciones básicas (...) que necesiten las personas con discapacidad afiliadas”. El Estado debe garantizar la prestación a quien no pueda acceder a una obra social.
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