El 60% de estos alumnos ya cursa en escuelas comunes en el país. Igual, aún no todas las escuelas son inclusivas.
l 60% de los alumnos con discapacidades cursan en escuelas comunes en la Argentina, un porcentaje que se duplicó respecto a 2005, aunque todavía muchas instituciones no admiten su inscripción pese a la vigencia desde el año pasado de una resolución del Consejo Federal de Educación (CFE) que considera este acto como discriminatorio.
Especialistas en discapacidad de Unicef, Derechos Humanos de la ONU, académicos de la Universidad Autónoma de Madrid y autoridades del Ministerio de Educación de la Nación debatieron en un seminario sobre educación inclusiva ante docentes, organizaciones y padres de niños con discapacidad.
La representante de Unicef en la Argentina, Florence Bauer, aseguró que existen unos 570.000 niños con discapacidad en la Argentina y sólo el 7% tiene cobertura de salud. Y mientras que 125.000 cursan estudios en educación especial, el 60% de ellos los hace en escuela comunes.
Bauer detalló que este porcentaje “se ha duplicado en la Argentina desde el 2005, lo que posiciona al país en una situación positiva” aunque mencionó que “aun restan afrontar numerosos desafíos como aumentar la permanencia y la terminalidad, tanto en la educación formal como en la no formal”.
La especialista mencionó además la necesidad de incrementar la formación docente en discapacidad ya que el maestro es el que está en contacto con los chicos”, y remarcó que la Argentina a diferencia de otros países de la región “tiene todos los elementos para avanzar en estos desafíos”.
No obstante, las organizaciones sociales aseguraron que en muchas escuelas no se cumple la resolución 311 -de marzo del 2016- del CFE que ordena inscribir a los chicos con discapacidad sin ningún tipo de restricciones y que también establece Proyectos Pedagógicos Individuales (PPI) para que estos estudiantes puedan integrarse a una escuela común.
“En algunos colegios no es que dicen que van a ver si la aplican, directamente aseguran que no lo van a hacer”, reclamo una docente y aseguró que esta situación se da en especial en aquellos colegios privados en los que ante el reclamo de algún padre les aconsejan que en la escuela no lo inscriba “porque la institución tiene una dinámica en la que el chico no se adaptaría”.
El secretario de gestión educativa del Ministerio de Educación, Max Gulmanelli, dijo que la resolución 311 “plantea el desafío de que cada chico tenga su propio recorrido, su proyecto individual, el título de cada alumno es único e irrepetible y todos son válidos”, aunque aseguró que esa resolución “esta incompleta en algunos aspectos, como la de contemplar a los chicos que tienen altas capacidades”.
“La resolución 311 tiene impacto nacional y es vinculante, corresponde a las provincias la obligación de que se cumplan las leyes educativas, Desde Nación tenemos que llegar con capacitación docente y monitoreo de su nivel de implementación”, puntualizó Gulmanelli.
Explicó además que el objetivo “es que las 47.000 escuelas del país sean inclusivas, la escuela no puede decir incluyo o no incluyo. El problema son las barreras culturales que existen para las personas con discapacidad, hay que poner la mirada en las capacidades y no en las discapacidades”.
Detalló también que cambiar esto “es un proceso lento, hay pocos países en el mundo con un sistema totalmente inclusivo, muchas veces los tiempos de los chicos no son los tiempos de las escuelas y de los gobiernos.
Hoy ya no se esconde la discapacidad en el seno de la familia, hoy los chicos empiezan a ir a la escuela y, asumiendo esta diferencia de tiempos, estamos en el camino de la inclusión plena”.
Fuente: www.losandes.com.ar
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