El trabajo hace a la dignidad de las personas y es un derecho de todos. La inserción laboral de las personas con discapacidad no debiera ser una excepción. En nuestro ordenamiento jurídico encontramos abundante normativa al respecto. la misma Constitución de la provincia de Tucuman establece en su art. 40 inc. 5 que las personas con discapacidad (la constitución emplea erróneamente el término "los discapacitados" del que hicimos anteriormente las aclaraciones pertinentes al referirnos a la terminologías) "tendrán por parte del Estado la necesaria
protección a fin de asegurar su rehabilitación promoviendo su
incorporación a las actividades laborales en función de su
capacidad, sin discriminación alguna".
Partiendo de la vulnerabilidad histórica de este derecho es que nuestra legislación ha ido más allá todavía y a instituido el denominado cupo laboral, dentro de la administración pública, a través de la ley provincial 6830, con el objeto que, como mínimo, un 4% de dicho personal se encuentre cubierto por personas con discapacidad, debiéndose implementar llamados a concursos para tales fines.
A las empresas privadas se les destinan distintos incentivos a la hora de contratar a una persona con discapacidad, desde determinadas exenciones impositivas hasta el otorgamiento de subsidios para la readecuación de los espacios de trabajo.
La pregunta que nos podríamos hacer es la siguiente: ¿existiendo toda esta normativa por qué es tan escaso el porcentaje de personas con discapacidad que encontrándose con aptitudes para trabajar no consiguen insertarse laboralmente?
Para dar una respuesta lo más precisa posible es importante desarrollar los siguientes items:
1) ESTIGMATIZACIÓN. Los empleadores parten del falso concepto que las personas con discapacidad son improductivas, generan costos, no son puntuales, son conflictivas, etc.
Este mito fácilmente puede desterrarse recurriendo a la experiencia de empresas que han contratado personas con discapacidad. Las aptitudes laborales son muy amplias, es mucho más lo que pueden hacer "a pesar de". Se comprometen notablemente y valoran sus oportunidades.
2) ASISTENCIALISMO. El discurso político gira en torno a los beneficios sociales, los planes, las pensiones, como si allí se agotaría todo, como si ello implicaría de por si el reconocimiento de un derecho fundamental. Es así que se ponen en el tapete cuestiones referidas a las pensiones asistenciales, donde el debate se circunscribe a "dar el pescado" y no la caña de pescar. Los políticos utilizan estas necesidades y se posicionan a la vanguardia de esta políticas. Pero cuando se intenta ir a lo profunda, al verdadero debate de la inclusión laboral, las voces del estado callan.
3) INCUMPLIMIENTO DEL CUPO LABORAL. En nuestra provincia, a única excepción del Poder Judicial, ninguna repartición del estado cumple con el cupo laboral establecido por ley a favor de las personas con discapacidad. Por lo tanto la ley se vuelve letra muerta, y con ella relegada los derechos más básicos.
4) LA INTERRELACIÓN DE LOS DERECHOS. Para que las personas con discapacidad adultas estén en condiciones de poder trabajar, requiere ello previamente que se hayan garantizado distintos derechos para poder llegar a la idoneidad para ejercer laboralmente. Si partimos de las barreras al acceso en la educación, en donde muchas veces quedan relegadas de una educación de calidad obviamente será ello un punto en contra en el futuro laboral de esos niños y en sus mismas autonomías personales. Si la obra social o el estado no brindó las coberturas de estimulación temprana, de rehabilitación, esos niños en el futuro tendrán muchas menos posibilidades de insertarte en el trabajo. Si a causa de la falta de cobertura de medicamentos la salud de una persona se ha deteriorado, conllevará incapacidades laborales también. Si una persona con discapacidad motriz o movilidad reducida no puede hacer uso del transporte público por su falta de accesibilidad difícilmente pueda contar con los recursos para concurrir al trabajo. Por lo tanto no debe agotarse todo en políticas de asistencialismo sino abarcar mucho más allá, ir por los derechos fundamentales, para que se reconozcan también en la práctica, para que se respeten y se apliquen las normativas que afortunadamente contamos pero no las hacemos valer.
Dr. Juan Manuel Posse
Abogado dedicado a los derechos de las personas con discapacidad
Provincia de Tucuman
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