El balance desde lo profesional es positivo. Un año muy intenso. Desembarcamos con charlas en Córdoba y Termas. Colmamos los anfiteatro de Concepción y de una universidad privada donde organizamos nuestra primera jornada nacional. La asistencia al estudio casi perfecta (salvo por la ausencia para participar de dichos eventos), aveces retirándonos después de las 22.
Desde lo burocrático, el balance sigue dejando muchas cuentas pendientes. La interminable burocracia del Subsidio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social, que se llevan vidas. Ambos organismo lamentablemente en muchas cuestiones han retrocedido un escalón respecto de las administraciones que le precedieron. La obra social es una máquina de cometer errores (numéricos, de nombres de profesionales, etc) que enmendarlos lleva tiempo y retrae el procedimiento. Desarrollo Social ya ni siquiera tiene habilitada su página para poder consultar los expedientes de forma pública (antes lo tenía) y uno debe deambular por el organismo para saber el estado del mismo (no se condice con la realidad del siglo XXI) Lo judicial trata de a poco amoldarse, continúa aún la falencia, por suerte minoritaria, por ejemplo la de aquel juzgado federal que define al autismo como "enfermedad" lo que denota en si poca preparación en el estudio de la temática, púes hablar de autismo hoy en día es hablar de una condición y no una enfermedad. Es un punto de partida.
Desde lo político, a más de la burocracia enunciada arriba, la inacción va mucho más allá cuando hacemos el balance de los aportes en relación al cupo laboral, la accesibilidad del transporte, la circulación por los espacios públicos, las coberturas para la debida inclusión educativa, para las prestaciones de salud, etc. No hubo cambios sustanciales y en algunos casos se retrocedió (aparecen nuevamente las burocracias para la gratuidad del pasaje, las leyes siguen sin reglamentarse, las rampas son la excepción y no la regla, etc). A más de ello constantemente se busca llevar la discapacidad por el lado del asistencialismo (subsidios pensiones) y no por el lado de los derechos humanos (acceso al trabajo, salud, educación, etc) Estallan bombas referido a lo primero y no a lo segundo (no hay marchas por el cupo laboral) Se termina naturalizando todo y la persona cree que sus derechos se limitan a un subsidio y nada más, cuando de verdad sus derechos parten de ese piso pero no van mucho más allá en el camino de la inclusión social.
Dr. Juan Manuel Posse
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