El último Anuario estadístico nacional sobre discapacidad (año 2011) ,
del Ministerio de Salud de la Nación, indica que el 86,1 por ciento de
las personas con discapacidad mayor de 15 años, y que gestionó el
certificado único de discapacidad, está desempleada. La franja de
personas entre los 30 y los 44 años es la que logra mayor ocupación
(18,9 por ciento). La nota también destaca la falta de datos precisos por parte de las administraciones (nacionales, provinciales y municipales)
FUENTE: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-estado-no-cumple-con-el-cupo-laboral-de-discapacitados
El Estado no cumple con el cupo laboral de discapacitados
Las leyes exigen que ocupen el 4% de los puestos estatales. No lo respetan la Nación, la Provincia ni la Municipalidad.
- Feliz. Cristian Rodríguez cuenta que el trabajo lo motivó desde
lo intelectual y que le abrió la cabeza. No obstante, reconoce que le
costó mucho encontrar un puesto laboral. “Cuesta lograr la inclusión”,
sintetiza (La Voz/Ramiro Pereyra).
“Las
personas con discapacidad cargamos con la estigmatización de ser
improductivas. En un mercado capitalista, donde se espera que cada vez
las personas produzcan más plusvalía, es complejo que se valore nuestra
fuerza de trabajo”. Verónica González Bonet, periodista ciega,
columnista en Visión 7 en la Televisión Pública y
presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad
(Redi), asegura que la inserción laboral en la Argentina es aún una
deuda pendiente.
Aunque una ley obliga a los organismos públicos a cumplir con un cupo
del cuatro por ciento para las personas con discapacidad, la mayoría no
lo cumple. La norma nacional fue sancionada hace 30 años, pero recién
se reglamentó en 2010. En el sector privado, ocurre algo similar.
La ley 22.431 indica que los tres poderes del Estado tienen la
obligación de ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de
idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al cuatro por
ciento de la totalidad del personal (en la Municipalidad de Córdoba, el
cupo es del cinco por ciento). El porcentaje es obligatorio para todo el
personal de planta permanente y para contratados. También obliga a las
empresas privadas concesionarias de servicios públicos.
Pero el cupo no se cumple en los organismos públicos nacionales,
provinciales y municipales. En la Municipalidad de Córdoba, funcionarios
reconocieron que el cupo no está cubierto. No dieron cifras
actualizadas.
En la Provincia no existe un registro de las personas con
discapacidad que trabajen para el Estado. “Lamentablemente no hay datos
precisos, ya que la situación de discapacidad de un empleado público no
figura en su legajo”, indicó Patricia Arraigada, de la Dirección de
Discapacidad de la Provincia.
Pese a que hay algunas iniciativas, como un cupo para personas con
discapacidad en el Programa Primer Paso (PPP), la ley se incumple en la
administración pública provincial. El cupo sólo está cubierto en el área
central del Ministerio de Desarrollo Social (31 empleados). Y en la
Dirección de Discapacidad, el 8,9 por ciento tiene alguna discapacidad.
En el país
La situación en el resto de las provincias es similar. Cuando la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con
Discapacidad (Conadis) intentó realizar un relevamiento nacional se
encontró con una alarmante escasez de datos.
“Durante muchos años no se tuvo en cuenta la necesidad de saber
cuántas personas con discapacidad trabajaban en la administración
pública. Ese dato se desconoce en todo el país”, asegura Arraigada. Y
agrega: “Disponer de registros nos posibilitaría conocer la realidad
actual y las condiciones de los distintos puestos de trabajo, mejorar la
accesibilidad y promover mayor inclusión”.
En la administración pública nacional (en todas sus jurisdicciones),
2.468 persona certifican discapacidad. Representa el 0,78 por ciento de
quienes trabajan en este ámbito, en cualquiera de sus modalidades de
empleo o contratación. Es el uno por ciento de los contratados con el
régimen de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y el
0,76 por ciento del personal con el régimen de estabilidad laboral,
según el último informe (2012) publicado por la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
“La ley argentina es una ley antirresiliencia: mira el déficit y no
mira el potencial. Esto tiene que cambiar; en otros países hay
discapacitados y recuperados de enfermedades trabajando en la
investigación, en las universidades y en los hospitales, aquí no”,
plantea Adelia Setto, de Fundación Añil. Y subraya: “A veces, los padres
de jóvenes con alguna dificultad, aunque talentosos, para asegurarles
una entrada segura de dinero, los alientan a acceder a una pensión por
discapacidad que los discapacita para un trabajo digno. A veces, por una
herida narcisista, por vergüenza o sobreprotección no alientan a sus
hijos al trabajo”.
Cuántos son
Según el último Censo, en la provincia de Córdoba viven 402.500
personas con discapacidad: 12,9 por ciento de los habitantes. De ellas,
ocho de cada diez no tiene trabajo.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de un 60
por ciento de las personas con discapacidad en el mundo está en edad de
trabajar. “Sin embargo, experimentan un índice de desempleo de 80 a 100
por ciento superior al de los trabajadores sin discapacidad”, explica
Arraigada.
“Las personas que tienen más dificultades para obtener empleo son
quienes tienen discapacidad intelectual o psicosocial y el trabajo
protegido se presenta como una alternativa, aunque, claramente, sería
mejor que el mercado pudiese absorber a trabajadores con estas
características”, asegura Verónica González Bonet, de Redi. La nueva ley
de trabajo protegido, explica, contempla beneficios sociales para estos
trabajadores como licencias, vacaciones, aguinaldo, obra social.
El Estado debe abonar gran parte de los salarios y beneficios
sociales durante dos años y se prevé que quienes contraten trabajadores
reduzcan impuestos.
“También es complejo cuando los trabajadores y trabajadoras adquieren
la discapacidad trabajando, habitualmente se opta por jubilarlo, lo que
debería ser la última opción, ya que siempre será mejor para la persona
continuar trabajando con las adecuaciones que requiera”, apunta
González Bonet.
Adelia Setto concluye: “Hace 30 o 40 años era impensado que una
persona con alguna dificultad física pudiera acceder a un puesto digno
de trabajo, sin embargo la medicina ya comenzaba a salvar vidas que
después no tendrían cabida en el desenvolvimiento normal de un
ciudadano”.
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